Transportistas convocaron a paro el último jueves para exigir al Gobierno acabar con bandas criminales que les cobran cupos y los amenazan de muerte. Reflejos de Palacio por los suelos.
Mientras el país está al borde del precipicio por el desborde del crimen organizado, el paro de transporte urbano realizado ayer en Lima Metropolitana, que ha sido principalmente en contra de la extorsión criminal, ha obligado al Gobierno a tomar medidas de emergencia como acelerar el debate sobre la ley del terrorismo urbano y declarar el estado de emergencia por 60 días en varios distritos de la capital. Como pocas veces se ha visto en Lima, el servicio de transporte urbano –a excepción del Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima– decidió paralizarse en su totalidad en la ciudad capital.
¿El motivo? La ola de extorsiones de las que son víctimas diversas empresas de transporte urbano, así como el asesinato de los choferes de estas compañías tras negarse a pagar los cupos exigidos por las bandas criminales. Solo en el último mes se han registrado más de 15 atentados contra 11 empresas de transporte urbano en todo Lima Metropolitana. Asimismo, la cifra de choferes asesinados por estas bandas extorsionadoras asciende a tres en lo que va del año. La última víctima de estos extorsionadores fue asesinada a inicios de esta semana en Los Olivos. Se llamaba Jorge Ríos Lafite, de 21 años, y era chofer de una combi. Su vida fue arrebatada por un delincuente tras haberse retrasado en el pago de S/ 7 que debía abonar diariamente a los delincuentes que asediaban la empresa en la que laboraba.
“Hoy (ayer) paramos por la vida. No solo no hay seguridad, sino una falta de empatía por parte del Gobierno, que a última hora reacciona de manera reactiva (…) Estamos parando para que el gobierno no sea indolente, para que las instituciones del Estado trabajen de manera conjunta y para que estos actos no sucedan más”, declaró el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao, Héctor Vargas, mientras marchaba acompañado de miles de transportistas con rumbo al Congreso de la República.
Falta de reflejos
Mientras el paro era un hecho, el titular de Educación, Morgan Quero, anunciaba clases presenciales a las 6 de la mañana de ayer, cuando profesores y alumnos ya habían partido a las escuelas. Parecidas circunstancias ocurrieron con el titular del Interior, Juan José Santiváñez, quien había anunciado un grupo policial antiextorsión de élite y conversaciones satisfactorias con los transportistas, pero los hechos se precipitaron y sacudieron al Gobierno en su conjunto.
Ante este cuadro, tras la intervención del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en conferencia de prensa, Santiváñez anunció que el nuevo Grupo Operativo de Respuesta contra la Extorsión (Gorex) de la Policía Nacional del Perú (PNP), compuesto por más de 100 agentes, había iniciado operaciones en el piso 10 de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Asimismo, las autoridades informaron que se presentó ante la Fiscalía de la Nación el pedido para la creación de la Fiscalía Especializada en Extorsión, la cual trabajaría directamente con el nuevo grupo especial de la PNP.
